La XVIII Legislatura del estado aprobó un paquete de reformas orientadas a modernizar el marco legal, fortalecer las instituciones y ampliar los mecanismos de transparencia, con acciones enfocadas en justicia, combate a la corrupción, fortalecimiento municipal y educación superior.
Durante la sesión ordinaria número 30, las y los diputados avalaron la declaratoria para la implementación gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya entrada en vigor comenzará de manera escalonada a partir de junio de 2026. Con esta medida se sustituirá el código vigente desde 1981, dando paso a un sistema basado en juicios orales, audiencias virtuales y expedientes electrónicos, privilegiando además la protección de sectores vulnerables y el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Como parte de esta transformación judicial, también se aprobaron modificaciones a la Ley del Fondo para el Mejoramiento en la Administración e Impartición de Justicia, con el propósito de armonizarla con el nuevo Órgano de Administración Judicial. Las adecuaciones contemplan mecanismos de transparencia financiera mediante reportes trimestrales, sin generar afectaciones al presupuesto estatal.
En materia de combate a la corrupción, el Congreso aprobó reformas al artículo 161 de la Constitución Política del Estado y a la Ley del Sistema Anticorrupción estatal, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y reforzar la participación ciudadana.
Entre los cambios más relevantes destaca la integración de perfiles provenientes del ámbito académico y de la sociedad civil, garantizando además el cumplimiento de la paridad de género. Asimismo, se aplicará de manera estricta la denominada “Ley 3 de 3”, impidiendo que personas con antecedentes por violencia de género, delitos sexuales o incumplimiento de obligaciones alimentarias formen parte del Comité de Participación Ciudadana.
Las reformas también establecen mayores filtros para exfuncionarios y convierten en vinculante la opinión de universidades y organizaciones civiles durante el proceso de selección de integrantes del CPC.
En la misma jornada legislativa, se aprobaron modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado para permitir que los municipios accedan, mediante convenios voluntarios de colaboración administrativa, a un 30 por ciento adicional de recursos provenientes del Fondo de Fomento Municipal federal, fortaleciendo así la capacidad operativa de los gobiernos locales.
Finalmente, el Congreso aprobó otorgar un reconocimiento público al Instituto Tecnológico de Cancún por su 40 aniversario. Legisladoras y legisladores destacaron la contribución histórica de esta institución en la formación de profesionistas, la ampliación del acceso a la educación superior y el impulso al desarrollo económico, turístico y tecnológico de la zona norte de Quintana Roo.